ONU MUJERES

      A pesar de que ya existen leyes para la protección de la mujer ante el feminicidio, hay muchos países que no adoptan estas leyes, o no en su totalidad. Estas leyes son importantes ya que tienen la función de hacer justicia para la mujer en caso de haber ocurrido un feminicidio y contribuir para el abordaje judicial del fenómeno de la violencia letal contra las mujeres. 

    En su estudio mundial sobre homicidios del 2011, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) señaló que las muertes violentas de mujeres eran principalmente causadas por sus parejas íntimas o en el marco de sus relaciones familiares, y que las mujeres tenían más probabilidades de morir en el hogar que fuera de éste. En el 2013, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo ratificó, indicando que, a nivel mundial, más del 38% de todas las muertes violentas de mujeres eran cometidas por un compañero íntimo, en comparación con el 6% de los homicidios de los hombres. 

   Persisten algunos retos importantes para combatir la forma desigual y discriminatoria con la que los crímenes dirigidos contra las mujeres y las niñas son tratados por los sistemas de justicia. La falta de comprensión de la dimensión de género de estos crímenes y de su contexto, la insuficiente atención brindada a las quejas presentadas por las víctimas, las carencias en las investigaciones penales, el énfasis en los testimonios, la errónea calificación jurídica de los delitos y el uso de circunstancias atenuantes para disminuir las penas son algunos de los muchos obstáculos a los cuales las víctimas y su familiares se enfrentan en sus esfuerzos para acceder a la justicia y obtener una respuesta efectiva de esta. 

     Es por ellos, que los protocolos existentes deben tener un reestructura con un enfoque multidisciplinario y refleja un esfuerzo didáctico para que las investigaciones y las persecuciones penales integren los factores individuales, institucionales y estructurales como elementos esenciales para entender de manera adecuada el crimen y brindar una respuesta apropiada. 

     Se debe basar en las normas y los estándares internacionales y regionales en materia de derechos humanos. Responde al llamado realizado por la Asamblea General de las Naciones Unidas de fortalecer la respuesta de los sistemas penales y adoptar medidas destinadas a apoyar la capacidad de los Estados para investigar, perseguir y sancionar las muertes violentas de mujeres por razones de género.